Este documento busca abrir un diálogo profundo y constructivo sobre la necesidad de actualizar la Ley 675 de 2001 y sus decretos reglamentarios, de modo que se reconozca la dimensión social, económica y comunitaria que implica la vida en propiedad horizontal. En coherencia con los principios de la Política Pública “Economía para la Vida” y el propósito gubernamental de construir ciudades más humanas, equitativas y sostenibles, la propuesta plantea una reforma integral que fortalezca la institucionalidad, promueva la convivencia y garantice los derechos de los millones de ciudadanos que habitan bajo este régimen.